Caso Kilmar Abrego García: Un choque de poderes entre EE.UU. y El Salvador sacude la política migratoria

Washington, D.C. / San Salvador — El caso de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño deportado erróneamente desde Estados Unidos y actualmente recluido en la temida prisión CECOT de El Salvador, ha desatado una crisis diplomática y judicial que pone en jaque la autoridad de los tribunales estadounidenses y la política exterior de la administración Trump.

¿Quién es Kilmar Abrego García?

Abrego García, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2011 huyendo de la violencia en El Salvador. Se estableció en Maryland, donde trabajó en la construcción, se casó y formó una familia con tres hijos estadounidenses, todos con discapacidades. En 2019, un juez de inmigración le concedió el estatus de "withholding of removal", una protección especial que le permitía permanecer legalmente en el país debido al riesgo de persecución por parte de pandillas salvadoreñas.

La deportación y el error administrativo

A pesar de la protección judicial, el 15 de marzo de 2025, Abrego García fue deportado a El Salvador en lo que el propio gobierno estadounidense calificó como un "error administrativo". Fue trasladado directamente a la prisión de máxima seguridad CECOT, donde se encuentran cientos de presuntos pandilleros deportados desde EE.UU. bajo un acuerdo bilateral que incluye pagos millonarios a El Salvador para albergar a estos reclusos.

La administración Trump justificó la deportación alegando que Abrego García era miembro de la MS-13, basándose en acusaciones de un informante policial de 2019. Sin embargo, nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito en EE.UU. ni en El Salvador, y él niega cualquier vínculo con la pandilla.

El fallo de la Corte Suprema y el desafío presidencial

El 10 de abril, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó por unanimidad (9-0) que la deportación de Abrego García fue ilegal y ordenó al gobierno "facilitar" su regreso. La jueza Sonia Sotomayor fue contundente: “El gobierno no ha presentado justificación legal para la detención, deportación o encarcelamiento de Abrego García. [...] Este argumento implicaría que el gobierno podría deportar e encarcelar a cualquier persona, incluso ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre que lo haga antes de que un tribunal intervenga”.

Sin embargo, la administración Trump interpretó el fallo como una obligación limitada: solo facilitaría el regreso si El Salvador liberaba a Abrego García y lo enviaba a un puerto de entrada estadounidense. El presidente Trump defendió que la política exterior, y no los tribunales, debe regir estos casos, y se negó a tomar medidas adicionales para asegurar el retorno del salvadoreño.

Bukele se niega a devolverlo: “No voy a traficar terroristas”

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, por su parte, se negó rotundamente a liberar o repatriar a Abrego García, argumentando motivos de seguridad nacional y equiparando su retorno a “traficar un terrorista a Estados Unidos”. Bukele afirmó que no tiene el poder de devolverlo y que la decisión es soberana de El Salvador.

Reacciones y consecuencias

El caso ha generado indignación entre defensores de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten que sienta un peligroso precedente: “El gobierno podría deportar e encarcelar a cualquier persona, incluso ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre que lo haga antes de que un tribunal intervenga”, advirtió la jueza Sotomayor.

Mientras tanto, la familia de Abrego García, sus abogados y organizaciones migratorias continúan luchando en los tribunales para lograr su liberación y retorno, mientras el caso se convierte en símbolo de los límites del poder judicial frente a la política migratoria y exterior de la Casa Blanca.

Un pulso de poderes sin precedentes

El enfrentamiento entre la Corte Suprema, la administración Trump y el gobierno de Bukele revela las profundas tensiones entre el Estado de derecho, la soberanía nacional y la política migratoria en la era contemporánea. El destino de Kilmar Abrego García sigue siendo incierto, atrapado en el centro de una tormenta política y legal que trasciende fronteras y desafía los principios fundamentales de justicia y derechos humanos.