FEMA bajo escrutinio por su respuesta a desastres naturales y controversias de financiamiento

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta ante desastres naturales y la gestión de sus recursos, en un contexto donde la temporada de huracanes se intensifica y la demanda de ayuda federal aumenta en todo Estados Unidos.

En las últimas semanas, FEMA ha operado en un nivel de alerta elevado, coordinando con autoridades estatales para brindar asistencia tras el paso de huracanes como Helene y Milton, que han golpeado especialmente a Florida. Sin embargo, la agencia ha sido objeto de duras críticas por supuestas irregularidades en la asignación de fondos y contratos sobrevalorados en tareas de limpieza, particularmente en California, así como por el desvío de recursos hacia proyectos no relacionados con desastres en Florida. Funcionarios y contratistas han denunciado que estos movimientos afectan la capacidad de respuesta y recuperación en las zonas más afectadas.

A la controversia se suman retrasos inéditos en la apertura de aplicaciones para subvenciones esenciales, que muchos estados y condados rurales dependen para mantener operaciones básicas de gestión de emergencias. FEMA superó el plazo legal de mayo para iniciar estos procesos, sin ofrecer explicaciones públicas. Además, la agencia canceló abruptamente el popular programa de subvenciones BRIC, que desde 2020 había destinado más de 5 mil millones de dólares a proyectos de mitigación de riesgos y protección contra desastres. Esta decisión amenaza con dejar inconclusos cientos de proyectos en marcha y ha generado alarma entre funcionarios estatales y locales.

La incertidumbre sobre el futuro de los fondos federales ha llevado a despidos en departamentos locales de emergencia y a una carta conjunta de asociaciones de alcaldes, legisladores y agencias de manejo de emergencias, advirtiendo que los retrasos y recortes ponen en peligro la infraestructura crítica y la seguridad pública, en un momento de crecientes amenazas naturales y humanas.

El debate político también ha exacerbado la situación: mientras el expresidente Donald Trump acusa a FEMA de mala gestión y de desviar fondos a temas migratorios o internacionales, la administración Biden defiende la labor de la agencia y asegura que, por ahora, cuenta con los recursos necesarios para atender emergencias inmediatas. No obstante, el propio presidente Biden ha reconocido que el fondo de ayuda para desastres podría enfrentar un déficit a finales de año, y ha pedido al Congreso actuar rápidamente para evitar un colapso financiero en la agencia.

En respuesta a la ola de desinformación, FEMA ha intensificado sus esfuerzos de comunicación, desmintiendo rumores sobre la supuesta redirección de fondos y aclarando los alcances reales de la ayuda disponible para los damnificados. La agencia insiste en que el dinero destinado a la gestión de inmigración o ayuda internacional proviene de partidas separadas, y no afecta el fondo de respuesta a desastres.

La situación ha dejado a muchos estados y comunidades en una posición de vulnerabilidad, con dudas sobre la capacidad federal para responder a la próxima gran emergencia. La falta de transparencia y los cambios abruptos en la política de subvenciones han generado preocupación sobre la preparación de FEMA frente a desastres naturales cada vez más frecuentes y severos.