La Casa Blanca desafía orden judicial y elimina el cupo de agencias en la cobertura presidencial: crece la polémica por la libertad de prensa

Washington D.C.— La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, ha dado un nuevo giro en su enfrentamiento con la prensa al eliminar el histórico cupo reservado para agencias de noticias en el “press pool” que cubre las actividades presidenciales, desatando una ola de críticas y renovando el debate sobre la libertad de prensa en Estados Unidos.

Un fallo judicial a favor de la AP y una respuesta polémica

Hace apenas una semana, un juez federal ordenó al gobierno restablecer el acceso de The Associated Press (AP) a los eventos oficiales de la Casa Blanca, tras considerar que excluir a la agencia por sus criterios editoriales violaba la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. El magistrado Trevor McFadden, designado por el propio Trump, fue contundente: “Si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas, no puede cerrárselas a otros por sus puntos de vista”.

La disputa se originó cuando la AP se negó a adoptar el término “Golfo de Estados Unidos”, impuesto por decreto presidencial, y mantuvo la denominación tradicional de “Golfo de México” en su manual de estilo, una referencia seguida globalmente por periodistas y medios.

El nuevo “press pool”: sin agencias de noticias

Sin embargo, en lugar de acatar plenamente la orden judicial, la Casa Blanca optó por eliminar por completo el cupo fijo para agencias de noticias en el sistema rotativo de cobertura diaria. Ahora, la composición del “press pool” —el grupo reducido de periodistas que acompaña al presidente en actividades de acceso limitado como el Despacho Oval o el Air Force One— incluirá dos lugares para prensa escrita, pero ninguno específicamente para agencias como AP, Reuters o Bloomberg.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó que las agencias podrán participar solo si son seleccionadas como parte de la rotación general de prensa escrita, pero pierden el acceso garantizado que históricamente les permitía informar de manera independiente y rápida a miles de medios locales y regionales que dependen de sus despachos.

Reacciones y consecuencias: ¿retaliación política?

La decisión ha sido interpretada por analistas y organizaciones de prensa como un intento de eludir el fallo judicial y, al mismo tiempo, castigar a la AP y otras agencias por su cobertura y criterios editoriales. “La medida parece diseñada para esquivar el escrutinio legal, pero coloca a la AP en clara desventaja”, señalaron fuentes cercanas al caso.

El cambio afecta la forma en que se distribuye la información presidencial, ya que las agencias de noticias son el principal canal para que medios pequeños y regionales —sin corresponsales propios en Washington— accedan a información de primera mano sobre la Casa Blanca.

Contexto: control y tensiones con la prensa

En los últimos meses, la administración Trump ha asumido el control directo del “press pool”, desplazando a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) de la gestión de los cupos y asignaciones, y otorgando espacios preferenciales a medios afines o de nueva creación, en detrimento de los tradicionales.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han advertido sobre el deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos, señalando que la retórica y las acciones del presidente Trump han debilitado las garantías constitucionales y fomentado un ambiente hostil para el periodismo crítico.

Un precedente peligroso

La exclusión de las agencias de noticias del “press pool” presidencial sienta un precedente inquietante para la cobertura política en Estados Unidos y la región. Para muchos observadores, la medida no solo afecta a la AP, sino que erosiona el acceso igualitario a la información y la transparencia gubernamental, pilares fundamentales de cualquier democracia.

Mientras la Casa Blanca insiste en que la nueva política se aplica “sin importar el punto de vista de cada medio”, la comunidad periodística y defensores de la libertad de prensa siguen atentos, alertando sobre el impacto de estas decisiones en el derecho del público a estar informado y en la salud del debate democrático.