Crisis en el campo estadounidense: agricultores enfrentan pérdidas históricas y la Casa Blanca evalúa un nuevo rescate ante la guerra comercial con China

En el corazón agrícola de Estados Unidos, el 2025 se perfila como uno de los años más difíciles en décadas para los productores de maíz, soja y trigo. A pesar de haber cosechado volúmenes récord en 2024, los agricultores estadounidenses se encuentran atrapados en una tormenta perfecta: los precios de los cultivos han caído casi un 50% desde los máximos de 2022, mientras los costos de producción —semillas, fertilizantes, maquinaria y financiamiento— se mantienen elevados. El resultado: pérdidas masivas que, según proyecciones de universidades como Illinois y Ohio State, podrían alcanzar los 30.000 dólares por explotación, niveles no vistos desde la crisis agrícola de los años 80.

El desplome de los precios se debe, en parte, a la sobreoferta global y a la expansión de la producción en Sudamérica, especialmente en Brasil, que ha desplazado a Estados Unidos en mercados clave como China. Pero el golpe más duro proviene de la escalada de la guerra comercial entre Washington y Pekín. Tras el reciente aumento de aranceles estadounidenses a productos chinos, el gobierno de Xi Jinping respondió elevando sus propias tarifas a las importaciones agrícolas estadounidenses hasta un 84%, y redirigiendo sus compras de soja y otros granos hacia Brasil y Argentina.

El impacto es devastador para los productores estadounidenses, que dependen en gran medida del mercado chino: solo en 2024, China representó casi la mitad de los ingresos de los 500.000 productores de soja del país. En estados como Illinois, Iowa y Kansas, la caída de las exportaciones y la baja de precios han puesto en jaque la viabilidad de miles de explotaciones familiares.

Frente a este panorama, la administración Trump ha comenzado a discutir la posibilidad de implementar un nuevo paquete de ayuda financiera para el sector agrícola, similar al rescate de 28.000 millones de dólares otorgado durante la primera guerra comercial con China en 2018. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó que se están evaluando programas de emergencia para mitigar el impacto de las represalias comerciales y evitar una catástrofe económica en el campo estadounidense.

Sin embargo, la idea de un nuevo rescate ha generado un intenso debate político y mediático. Analistas y comentaristas han acuñado el término “MAGA Socialism” para describir la paradoja de que un gobierno que se proclama defensor del libre mercado recurra a subsidios masivos para proteger a un sector clave de su base electoral. “Las subvenciones son sustanciales, pero no podemos subestimar las graves consecuencias que enfrentan los agricultores y ganaderos por la pérdida de mercados de exportación”, advirtió Zippy Duvall, presidente de la American Farm Bureau Federation. Muchos productores, aunque agradecen la ayuda, insisten en que preferirían el fin de la guerra comercial y la reapertura de los mercados internacionales.

El futuro inmediato es incierto. Los márgenes negativos, el alto endeudamiento y la presión de la competencia sudamericana están acelerando la consolidación del sector y amenazando la supervivencia de las explotaciones familiares. Mientras tanto, el Congreso debate una nueva Ley Agrícola que podría incluir más medidas de apoyo y ajustes en los precios de referencia para los productores.

En este contexto, la agricultura estadounidense enfrenta no solo una crisis coyuntural, sino también un cambio estructural que redefine su papel en la economía global. La pregunta que flota en el aire es si la intervención estatal podrá salvar al campo o si, como advierten algunos, solo pospondrá una transformación inevitable en el modelo agrícola del país.