Crecen las amenazas contra jueces federales en EE.UU. en medio de tensiones políticas y fallos judiciales de alto impacto
Las amenazas contra jueces federales en Estados Unidos han experimentado un alarmante aumento en los últimos años, fenómeno que expertos y autoridades vinculan directamente con el clima de polarización política y la retórica incendiaria proveniente tanto de figuras públicas como de redes sociales. Según cifras oficiales, entre 2019 y 2024, el número de jueces amenazados se duplicó, mientras que el Servicio de Alguaciles reporta un incremento significativo de incidentes en las últimas semanas, incluyendo amenazas de bomba, acoso y tácticas intimidatorias dirigidas tanto a magistrados como a sus familias.
Durante la reciente Conferencia Judicial en Washington, jueces federales debatieron la posibilidad de tomar control directo de su propia seguridad ante la preocupación de que la administración Trump pudiera reducir las protecciones actuales, como ya ocurrió con exfuncionarios de alto perfil. El presupuesto para la protección judicial, sin embargo, permanece prácticamente congelado desde 2023, lo que ha llevado a algunos jueces a recurrir a fondos personales para contratar seguridad privada.
El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., advirtió en su último informe anual sobre el “aumento significativo en las amenazas identificadas en todos los niveles del poder judicial”, lo que ha llevado a miembros del Congreso a impulsar reformas que garanticen mayor independencia y eficacia en la protección de los jueces.
Fallos judiciales sobre aranceles de Trump sacuden mercados y tensan la relación entre poderes
En paralelo, un panel de jueces federales bloqueó esta semana los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no otorga al presidente autoridad ilimitada para imponer tarifas bajo la declaración de una emergencia nacional. El fallo, que responde a demandas de empresarios y funcionarios, sostiene que el déficit comercial no constituye una “amenaza inusual ni extraordinaria” y reprende al Congreso por delegar poderes arancelarios sin límites al Ejecutivo.
La Casa Blanca reaccionó con dureza, calificando la decisión como un “abuso del poder judicial” y defendiendo la prerrogativa presidencial en materia de política exterior y comercio. Portavoces del gobierno Trump insistieron en que “jueces no electos no deben decidir cómo afrontar una emergencia nacional” y anunciaron la intención de apelar la decisión, anticipando que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.
La reacción de los mercados fue inmediata: tras conocerse el fallo, las bolsas globales registraron un repunte y el dólar estadounidense se fortaleció frente a las principales divisas, reflejando la expectativa de una mayor apertura comercial y menor incertidumbre en las relaciones internacionales.
Otros fallos y controversias recientes
En otro frente judicial, una corte de apelaciones revocó la orden de un juez federal que había frenado temporalmente los aranceles de Trump, representando una victoria para la administración y sus políticas comerciales. Además, fue desestimada una queja contra jueces federales que se negaron a contratar asistentes provenientes de la Universidad de Columbia, aunque persisten preocupaciones sobre el uso de la autoridad judicial para influir en instituciones privadas.
Mientras tanto, el debate sobre la independencia y seguridad del poder judicial continúa intensificándose, en un contexto donde los jueces federales se ven cada vez más en el centro de decisiones que impactan tanto la política nacional como la economía global.