Lucy Connolly: El Caso que Desata un Debate Nacional sobre la Libertad de Expresión y la Justicia en Reino Unido

Lucy Connolly, una exniñera de 42 años de Northampton, sigue en prisión tras la negativa de la Corte de Apelaciones a reducir su condena de 31 meses por incitación al odio racial, dictada el 20 de mayo de 2025. Connolly fue arrestada y se declaró culpable en octubre de 2024 después de publicar un mensaje en la red social X el 29 de julio de 2024, en el que pedía la “deportación masiva” y animaba a “prender fuego” a hoteles donde se alojaban solicitantes de asilo, tras circular falsos rumores sobre los asesinatos de tres niñas en Southport.

La publicación, que alcanzó 310,000 visualizaciones antes de ser eliminada, provocó una ola de indignación y llevó a su detención. Connolly, esposa de un exconcejal conservador, expresó en su mensaje: “Si eso me hace racista, que así sea”. El tribunal consideró que el mensaje, publicado pocas horas después de los trágicos asesinatos, constituía una incitación grave al odio racial y a la violencia, por lo que la condenó a más de dos años y medio de cárcel.

El caso ha generado un intenso debate público y político. Su esposo, Raymond Connolly, calificó la sentencia de “impactante e injusta”, señalando el profundo efecto en su hija de 12 años. Organizaciones como la Free Speech Union, que financió su apelación, argumentan que la condena es desproporcionada y alimenta la percepción de un sistema judicial de “doble rasero”. Sin embargo, críticos sostienen que la naturaleza incendiaria del mensaje justifica la severidad del castigo, recordando que la incitación al odio racial conlleva graves consecuencias legales en el Reino Unido.

La controversia ha atraído la atención de figuras políticas destacadas, como el ex primer ministro Boris Johnson y la líder conservadora Kemi Badenoch, quienes cuestionan la dureza de la sentencia en comparación con otros delitos. Una petición en línea para la liberación de Connolly superó las 100,000 firmas en menos de 24 horas, mientras grupos de extrema derecha la han adoptado como símbolo de una supuesta injusticia judicial. El Parlamento británico y hasta la Casa Blanca han manifestado preocupación por el caso, citando posibles implicaciones para la libertad de expresión en el país.

El Primer Ministro Keir Starmer defendió la independencia judicial, afirmando que “la sentencia es un asunto de los tribunales”, pero reiteró su rechazo a la incitación a la violencia. Mientras tanto, el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la proporcionalidad de las penas en casos de discurso de odio sigue dividiendo a la sociedad británica.