Corte Suprema reaviva debate sobre poderes constitucionales en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha vuelto a encender el debate sobre la distribución de poderes establecida en la Constitución estadounidense, tras emitir recientes fallos que abordan tanto los límites del poder presidencial como la autoridad exclusiva del Congreso.

En un caso clave, la Corte determinó que el Congreso es la única instancia facultada para “imponer y recaudar impuestos, derechos y contribuciones”, rechazando así cualquier pretensión presidencial de anular esa prerrogativa, incluso bajo poderes de emergencia. Esta decisión refuerza la división de poderes y subraya la importancia de los controles y contrapesos en el sistema político estadounidense.

Paralelamente, otro fallo ratificó la facultad del presidente para remover funcionarios del poder ejecutivo sin necesidad de causa, fortaleciendo así la autoridad presidencial conforme al Artículo II, Sección 1 de la Constitución. Esta sentencia ha sido vista como un respaldo a la independencia del Ejecutivo, pero también ha generado dudas sobre el equilibrio entre los poderes del presidente y el control legislativo.

Estas decisiones ocurren en un contexto de creciente tensión entre los poderes federales. Recientemente, la Corte Suprema también ha evaluado el poder de los jueces para bloquear órdenes presidenciales a nivel nacional, como en el caso del decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Jueces federales de varios distritos han considerado inconstitucionales algunas medidas del Ejecutivo, lo que ha llevado al gobierno a recurrir ante la Corte Suprema para limitar el alcance de esas suspensiones judiciales.

Durante las audiencias, los magistrados han cuestionado el alcance de las medidas cautelares nacionales y su impacto en la separación de poderes. El asesor jurídico del gobierno de Trump argumentó que estas órdenes judiciales “exceden la facultad judicial y perturban el delicado equilibrio constitucional de la separación de poderes”. Por el contrario, la jueza Sonia Sotomayor defendió que, de no aplicarse medidas cautelares generales, cada persona afectada tendría que presentar una demanda individual, lo que haría ineficaz la protección judicial.

Expertos legales advierten que estas decisiones judiciales podrían redefinir el alcance de la autoridad presidencial y el papel de los tribunales en el sistema estadounidense, generando un debate profundo sobre la vigencia y los límites de los principios constitucionales en la actualidad.