Redada Nacional Contra la Inmigración Ilegal se Intensifica y Desata Debate en EE.UU.
Washington, D.C. – El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal, lanzando una serie de operativos de alto perfil en múltiples estados. Agentes federales de ICE y la Patrulla Fronteriza han realizado redadas en ciudades como Los Ángeles y Hollywood, California, donde decenas de inmigrantes indocumentados fueron detenidos. En una operación destacada en un hipódromo de Luisiana, se arrestaron a 84 personas, algunas con antecedentes penales por delitos graves como asalto agravado y tráfico de drogas. En el sureste de Texas, otra redada resultó en la detención de tres individuos sospechosos de poseer material de abuso sexual infantil.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, ha lanzado una campaña publicitaria multimillonaria instando a los inmigrantes indocumentados a auto-deportarse o enfrentar multas, prisión y expulsión permanente. La campaña, difundida en varios idiomas, enfatiza la aplicación estricta de las leyes migratorias. Además, una nueva normativa exige que los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años se registren y sean fichados, con sanciones penales para quienes no cumplan.
La Casa Blanca afirma que las medidas han reducido significativamente los cruces ilegales, señalando una caída del 93% en los llamados “gotaways” desde enero de 2025. Sin embargo, críticos argumentan que los datos son engañosos, citando fluctuaciones históricas en los patrones migratorios influenciados por factores climáticos y políticas previas.
Las operaciones han provocado protestas en todo el país, especialmente en Los Ángeles, donde las manifestaciones han durado más de una semana y han derivado en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uso de balas de goma y la imposición de toques de queda. Figuras políticas como el senador Alex Padilla han sido detenidas durante conferencias de prensa al cuestionar la legalidad de los operativos. La respuesta federal incluyó el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional y 700 marines, lo que generó una demanda del gobernador de California, Gavin Newsom, por considerar la militarización como un abuso de poder presidencial. Aunque un juez federal declaró ilegal el despliegue, una corte de apelaciones permitió temporalmente la permanencia de las tropas mientras continúa el litigio.
El endurecimiento de la política migratoria ha polarizado a la opinión pública. Partidarios elogian el enfoque en la seguridad pública y el control fronterizo, mientras que opositores denuncian las medidas como excesivamente severas y deshumanizantes. Los desafíos legales persisten, incluyendo disputas sobre deportaciones a terceros países, tema que recientemente llegó a la Corte Suprema, la cual permitió reanudar estas expulsiones pese a las advertencias sobre posibles riesgos para los migrantes.
Mientras la administración mantiene su postura firme y promete más acciones, el debate nacional sobre la inmigración ilegal sigue encendido, con consecuencias directas en comunidades, tribunales y la política estadounidense.