Jueza Federal Ordena Paralización Parcial del Centro de Detención “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida
MIAMI, 22 de agosto de 2025 — En un fallo considerado histórico por su alcance ambiental y humanitario, la jueza federal Kathleen M. Williams dictaminó la prohibición de enviar nuevos detenidos al controvertido centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida. La orden judicial también veta cualquier intento de expansión y estipula que en un plazo de 60 días el centro debe retirar generadores, tanques de gas y depósitos de aguas residuales, un requisito que pone en entredicho la viabilidad de la instalación a mediano plazo.
La decisión ha generado reacciones inmediatas entre grupos defensores de inmigrantes, organizaciones ambientales y autoridades locales, quienes advierten que este fallo podría marcar un antes y después en la gestión de grandes centros de detención en zonas sensibles de Estados Unidos.
Origen y construcción exprés de “Alligator Alcatraz”
El centro, oficialmente conocido como Dade-Collier Holding and Processing Facility, fue construido en 2023 en apenas ocho días, bajo una autorización de emergencia. Localizado en terrenos del Dade-Collier Training and Transition Airport, en el corazón del ecosistema de los Everglades, el lugar fue diseñado para alojar a más de 5.000 personas en carpas y trailers.
Desde su apertura, el recinto se ganó el apodo de “Alligator Alcatraz” debido tanto a su aislamiento geográfico, rodeado de pantanos y fauna salvaje, como a las estrictas medidas de seguridad implementadas.
La rapidez de la construcción y el costo de mantenimiento —estimado en 450 millones de dólares anuales— han sido foco de críticas. Diversos informes aseguran que se ignoraron procedimientos federales de evaluación ambiental y de consulta con comunidades indígenas, lo que derivó en demandas legales interpuestas por Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la Tribu Miccosukee.
Condiciones denunciadas por internos y organizaciones
Las denuncias sobre la vida diaria en el centro han sido una constante. Migrantes alojados en las instalaciones reportaron:
- Inundaciones periódicas durante la temporada de lluvias, debido a la falta de un sistema de drenaje adaptado al ecosistema.
- Altas temperaturas extremas en verano, que afectan la salud de los detenidos alojados en carpas metálicas y remolques sin ventilación adecuada.
- Acceso limitado a recursos legales, con escasa o nula conexión a internet y restricción de visitas de abogados.
- Problemas de salubridad, como infestaciones de mosquitos, cucarachas y ratas, que agravan la precariedad sanitaria.
- Alimentación insuficiente y de baja calidad, de acuerdo con múltiples reportes internos y filtraciones de personal de apoyo.
Estos factores hicieron que el centro se convirtiera rápidamente en símbolo de la tensión existente entre políticas migratorias de emergencia y respeto a los derechos humanos.
Argumentos del fallo judicial
La jueza Williams subrayó en su resolución que la administración que impulsó la instalación no realizó las evaluaciones ambientales requeridas, a pesar de encontrarse en una zona catalogada como frágil dentro del ecosistema de los Everglades, protegido a nivel estatal y federal.
Además, el tribunal determinó que las autoridades pasaron por alto los derechos de consulta reconocidos a la Tribu Miccosukee, lo que constituye una violación de acuerdos históricos con comunidades indígenas de Florida.
La sentencia no ordena el cierre inmediato del centro, pero al impedir su ampliación y prohibir la llegada de nuevos detenidos, deja en suspenso su funcionamiento a largo plazo. Expertos legales señalan que, de mantenerse las restricciones, las operaciones podrían volverse insostenibles hacia finales de este año fiscal.
Impacto económico y logístico en Florida
El costo del centro —construido con fondos estatales y apoyo federal— ha alcanzado cifras elevadas, con un gasto estimado mensual de casi 40 millones de dólares, considerando seguridad, alimentación, transportes y mantenimiento.
Comparado con otros centros de detención del país, como los de Texas o Arizona, el gasto por persona en “Alligator Alcatraz” resulta notoriamente más alto debido a su localización remota y las dificultades logísticas para abastecer de agua potable, electricidad y combustibles en medio de los Everglades.
Analistas económicos destacan que la orden judicial crea un desafío adicional para la política migratoria en Florida, ya que miles de migrantes procesados en este estado deberán ser trasladados a instalaciones en Broward, Texas y Luisiana, ocasionando sobrecarga en esos sistemas regionales.
Contexto histórico y ambiental
La instalación de centros de detención de inmigrantes en zonas apartadas no es nueva en Estados Unidos. Desde los años 80, existieron precedentes en lugares como Krome Avenue Detention Center, también en Florida, que enfrentó críticas similares por condiciones precarias y denuncias de abusos.
Sin embargo, “Alligator Alcatraz” representa un caso singular al estar inmerso dentro de un ecosistema considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los Everglades albergan especies en peligro de extinción, como el cocodrilo americano, la pantera de Florida y la garza blanca mayor, cuya supervivencia depende de la preservación de humedales intactos.
Las organizaciones demandantes sostienen que los generadores de electricidad, los desechos sólidos y las aguas residuales del centro representan una amenaza directa para la calidad del agua y los procesos hidrológicos de la región.
Reacción pública y de comunidades afectadas
Tras conocerse la sentencia, la Tribu Miccosukee emitió un comunicado celebrando lo que calificó como una “victoria moral y legal” para la protección de sus territorios ancestrales. “Nuestra lucha no solo ha sido por la dignidad de nuestros pueblos, sino también por la salud del entorno natural que compartimos”, afirmó el presidente tribal.
Por su parte, organizaciones como Amnesty International USA y la ACLU de Florida pidieron la clausura definitiva del centro, alegando que cualquier operación continuada constituye “un riesgo innecesario tanto para las personas detenidas como para el ecosistema”.
La reacción ciudadana en Miami y condados aledaños ha sido de apoyo principalmente hacia las medidas de reducción o cierre, con manifestaciones frente a la corte federal y llamados a redistribuir fondos hacia programas de integración y vivienda para inmigrantes.
Comparaciones con otros modelos regionales
Mientras algunos estados fronterizos como Texas han optado por ampliar la infraestructura carcelaria convencional para atender el aumento de detenciones migratorias, Florida se inclinó en 2023 por soluciones temporales de gran escala, como “Alligator Alcatraz”.
Sin embargo, la experiencia demuestra que los costos y los riesgos de infraestructuras improvisadas superan en ocasiones la capacidad de gestión. Modelos como los implementados en Nuevo México, que combinan pequeñas instalaciones descentralizadas con programas de liberación supervisada, se señalan ahora como referencias más sostenibles.
Próximos pasos y escenario futuro
La sentencia marca un punto de inflexión, pero no cierra la discusión. El gobierno estatal de Florida y autoridades federales aún pueden apelar la decisión, aunque expertos legales consideran poco probable que el fallo se revierta en instancias superiores debido a la solidez de los argumentos ambientales y de consulta tribal.
En caso de que el centro no logre sostener operaciones sin generadores ni depósitos de residuos, su cierre definitivo podría producirse antes de fin de año. Esta posibilidad deja abierta la pregunta sobre dónde serán reubicados los miles de migrantes que aún permanecen dentro de sus instalaciones.
El resultado inmediato es un reacomodo de políticas de detención en el sureste del país, que podría intensificar la presión en centros ya saturados en Texas y Luisiana, o acelerar programas de liberación condicionada bajo supervisión electrónica.
Conclusión: un símbolo bajo escrutinio
El futuro de “Alligator Alcatraz” se encuentra en vilo. Lo que comenzó como un experimento de infraestructura migratoria de emergencia, construido con rapidez y altos costos, ha terminado convirtiéndose en un símbolo de las tensiones entre migración, derechos humanos y preservación ambiental en Estados Unidos.
La orden de la jueza Williams no solo limita el funcionamiento inmediato de la instalación, sino que envía un mensaje sobre la necesidad de equilibrar seguridad fronteriza con el cumplimiento de normas ambientales y el respeto a comunidades locales.
Lo que ocurra en los próximos meses con este centro de detención en los Everglades podría convertirse en un precedente legal y administrativo para futuros proyectos similares en todo el país.