El Departamento de Justicia de EE.UU. prioriza la revocación de ciudadanía a naturalizados condenados por delitos

Washington, D.C.—El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha implementado una nueva política que prioriza la revocación de la ciudadanía para estadounidenses naturalizados condenados por ciertos delitos, según un memorando interno fechado el 11 de junio. La medida, que representa un cambio significativo en la aplicación de leyes migratorias, busca abordar casos en los que individuos obtuvieron la ciudadanía mediante fraude o cometieron delitos graves tras su naturalización.

El memorando instruye a los abogados de la División Civil a iniciar procedimientos de denaturalización contra inmigrantes que representen una amenaza para la seguridad nacional o hayan ocultado antecedentes criminales durante el proceso de naturalización. Entre los delitos que pueden conducir a la pérdida de ciudadanía se incluyen terrorismo, crímenes violentos, tráfico humano, fraude financiero, crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales y abusos graves de derechos humanos.

La política también permite que se dé prioridad a casos donde los individuos tengan cargos criminales pendientes, incluso si aún no han sido condenados. Además, el DOJ enfatiza que la revocación puede aplicarse a quienes hayan cometido fraude contra el gobierno, como en programas de ayuda financiera, o engañado en su solicitud de ciudadanía.

El memorando otorga amplia discrecionalidad a los fiscales para identificar nuevos casos de denaturalización, lo que ha generado preocupación entre expertos y defensores de derechos de inmigrantes. Críticos advierten que el lenguaje vago podría permitir la revocación de ciudadanía por una amplia gama de motivos, creando una “segunda clase” de ciudadanos y aumentando el temor entre comunidades inmigrantes.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Justicia argumentan que la medida es necesaria para proteger la integridad del proceso de naturalización y fortalecer la seguridad nacional, asegurando que quienes obtuvieron la ciudadanía de manera fraudulenta o representan una amenaza no mantengan los beneficios de ser estadounidenses.

Hasta el momento, los detalles específicos sobre los delitos que serán priorizados y el alcance exacto de la política permanecen bajo revisión, mientras el debate continúa en el Congreso y entre organizaciones de derechos civiles.