Estados Unidos Intensifica Deportaciones con Nuevas Estrategias de Inmigración
Washington, 31 de mayo de 2025 (Newswire) — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha puesto en marcha una nueva estrategia para acelerar las deportaciones, centrando sus esfuerzos en la detención de inmigrantes indocumentados fuera de los tribunales de inmigración. Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están enfocando sus operativos en personas que asisten a audiencias judiciales, con el objetivo de agilizar las expulsiones y abandonar casos en curso, priorizando a quienes tienen condenas penales o cargos pendientes.
Según fuentes oficiales, actualmente hay más de 600,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales en el país, lo que ha impulsado llamados a reforzar la aplicación de las leyes migratorias. La nueva política permite a los agentes de ICE actuar directamente en las inmediaciones de los tribunales, lo que representa un cambio significativo respecto a prácticas anteriores que limitaban las detenciones en estos espacios.
El endurecimiento de las medidas ha generado controversia a nivel local. Algunos líderes municipales han sido criticados por acciones que se perciben como obstáculos a la labor de ICE. En un caso reciente, un alcalde fue acusado de divulgar por error información personal de agentes de inmigración durante una investigación interna, lo que ha intensificado el debate sobre la cooperación entre autoridades locales y federales.
Defensores de la nueva política argumentan que el enfoque protege la seguridad pública al priorizar la expulsión de personas con antecedentes delictivos. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y críticos advierten sobre el impacto negativo en familias y comunidades, señalando que las detenciones en tribunales pueden desalentar la participación en procesos legales y aumentar el temor entre la población inmigrante.
El DHS sostiene que la medida es necesaria para hacer frente al elevado número de inmigrantes con antecedentes penales, mientras que el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos continúa intensificándose en todo el país.