Refuerzan Operativos de Inmigración en EE.UU. tras Cambios de Política

Washington, D.C., 29 de junio de 2025 — Las autoridades de Estados Unidos han intensificado significativamente la aplicación de leyes migratorias tras recientes cambios en la política federal, generando un intenso debate nacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha incrementado los arrestos y deportaciones, enfocándose en individuos y familias que ahora son considerados indocumentados bajo nuevas directrices.

Fuentes oficiales reportan que más de un millón de personas, previamente admitidas legalmente mediante diversos programas, han sido reclasificadas como indocumentadas por la actual administración. Esta decisión se produce después de acciones ejecutivas que buscan reforzar la seguridad fronteriza y dar prioridad a la expulsión de personas con antecedentes criminales.

En Baltimore, cinco personas fueron detenidas cerca de una tienda de mejoras para el hogar tras una denuncia que derivó en un operativo de ICE. Paralelamente, en el Congreso se discuten propuestas para restringir beneficios como Medicaid a inmigrantes indocumentados, en el marco de reformas más amplias de gasto público. Legisladores defensores de estas medidas argumentan que forman parte de un esfuerzo por fortalecer la seguridad nacional y reducir el gasto.

Estados como Georgia y Florida han avanzado en la aprobación de leyes que obligan a las fuerzas del orden locales a colaborar con ICE, ampliando el programa 287(g), el cual otorga facultades de aplicación migratoria a agencias estatales y locales. Hasta el 27 de junio de 2025, ICE había firmado 737 acuerdos de cooperación con agencias policiales en 40 estados.

Organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos legales han criticado duramente estas políticas, alegando que socavan las protecciones constitucionales. Han intensificado la distribución de recursos informativos, como las “tarjetas rojas”, para educar a los inmigrantes sobre sus derechos durante encuentros con autoridades.

El debate sigue polarizando a la sociedad estadounidense, con sectores que aplauden el enfoque en la seguridad y otros que denuncian las medidas como excesivamente punitivas y discriminatorias.