Presupuesto de Victoria 2025 genera reacciones mixtas en medio de desafíos económicos

Victoria, Australia, 23 de mayo de 2025 – El reciente presupuesto estatal de Victoria ha provocado una variedad de reacciones entre la ciudadanía y los sectores económicos. El gobierno proyecta un superávit de 600 millones de dólares para 2025, que aumentaría a 2.400 millones en 2027. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la gestión fiscal, ya que la deuda estatal ha alcanzado el 25% del producto bruto estatal y entre el 8% y 9% del gasto se destina solo a pagos de intereses.

Inversiones y programas clave

El presupuesto contempla una inversión de 15,2 millones de dólares en educación para adultos y capacitación laboral dirigida a grupos vulnerables, destacando programas como “Cultura” en Geelong, enfocados en el desarrollo de habilidades para migrantes y refugiados. Además, se destinan 459,3 millones para fortalecer el sistema de formación profesional y 150 millones para impulsar la inversión empresarial en sectores prioritarios del estado.

Críticas y preocupaciones

A pesar de las inversiones, críticos señalan el cierre de empresas y la presión económica sobre los negocios, calificando las políticas fiscales de Victoria como insostenibles. Se destaca la insuficiencia de fondos para abordar la crisis de vivienda y la falta de alivio fiscal para propietarios e inversores.

Por otro lado, la reducción de seis semanas en el programa de formación policial —el más corto de Australia— ha generado inquietud sobre la posible disminución de los estándares, aunque el gobierno sostiene que busca reforzar la presencia policial en las calles.

Controversias recientes

El escrutinio sobre la policía estatal aumentó tras conocerse que un agente fue hallado culpable de mala conducta en un incidente de 2019, donde una mujer falleció por heridas causadas por una bala de goma, reavivando el debate sobre las prácticas y la rendición de cuentas en las fuerzas de seguridad.

Conclusión

El presupuesto 2025-26 de Victoria refleja el intento de equilibrar la inversión social y el control fiscal, pero enfrenta críticas por el aumento de la deuda, la presión sobre el sector empresarial y los desafíos en servicios públicos esenciales. El debate continúa sobre si las medidas adoptadas serán suficientes para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico del estado en los próximos años.