Controversia en Reino Unido por Propuestas de Reforma al Pago por Independencia Personal (PIP)
Londres, 1 de julio de 2025 (Newswire) – El Parlamento británico ha sido escenario de intensos debates tras la presentación de reformas al sistema de Pago por Independencia Personal (PIP), un beneficio clave para personas con discapacidad. La propuesta inicial incluía la controvertida "regla de los cuatro puntos", que habría endurecido los criterios de acceso y, según estimaciones oficiales, podría haber dejado sin apoyo a cerca de 800,000 personas para el año 2029/30, de las cuales 370,000 son beneficiarios actuales y 430,000 serían futuros solicitantes. El impacto económico medio para quienes pierdan la ayuda se calcula en £4,500 anuales por persona.
La reforma fue duramente criticada por diputados laboristas y organizaciones de derechos de las personas con discapacidad, quienes argumentaron que los cambios pondrían en riesgo la seguridad financiera y la dignidad de aproximadamente 1.3 millones de personas, obligando a muchos a volver a solicitar el beneficio o apelar, lo que podría agravar su situación o llevarlos a la precariedad económica. Los opositores subrayaron que el PIP no está vinculado al empleo y que los recortes no incentivarían el trabajo, sino que perjudicarían a los más vulnerables.
La presión política llevó a que el Gobierno de Keir Starmer hiciera concesiones de última hora: la polémica "regla de los cuatro puntos" fue retirada del proyecto de ley tras una rebelión interna y la amenaza de perder la votación clave. Ahora, cualquier cambio en los criterios del PIP será resultado de una revisión independiente liderada por el diputado Stephen Timms, en la que se promete la participación de personas con discapacidad. Sin embargo, activistas y algunos parlamentarios advierten que el texto legal aún permite reintroducir recortes en el futuro, ya que el proyecto de ley sigue su curso parlamentario con otras medidas de ajuste que afectarán a más de 700,000 nuevos solicitantes de beneficios de salud vinculados a la Universal Credit, con pérdidas medias de £3,000 anuales.
Organizaciones como Scope, Disability Rights UK y Trussell Trust han calificado la reforma de "punitiva" y exigen una reevaluación que priorice la dignidad y seguridad de las personas con discapacidad. El debate continúa mientras la sociedad británica y sus representantes parlamentarios sopesan el costo humano de estas políticas y el futuro del sistema de protección social.