Fallo de la Corte Suprema desata debate nacional sobre la financiación de Planned Parenthood

En una decisión histórica de 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que los estados bloqueen el acceso de Planned Parenthood a fondos de Medicaid, generando intensas reacciones en todo el país. El caso, Medina v. Planned Parenthood South Atlantic, se centró en la orden ejecutiva de Carolina del Sur de 2018 que prohibía los reembolsos de Medicaid a Planned Parenthood, incluso para servicios no relacionados con el aborto como anticoncepción, exámenes de cáncer y pruebas de infecciones de transmisión sexual.

La opinión mayoritaria, redactada por el juez Neil Gorsuch, sostiene que la ley de Medicaid no otorga explícitamente a los individuos el derecho a demandar para hacer valer la libre elección de proveedor, lo que limita la capacidad de Planned Parenthood y de los pacientes para impugnar decisiones estatales en los tribunales. Según la Corte, el Congreso debe autorizar de manera explícita el derecho a demandar en estos casos, algo que no ocurre en la legislación actual.

Críticos del fallo, como Paige Johnson, presidenta de Planned Parenthood South Atlantic, calificaron la decisión como una “grave injusticia” que podría agravar los problemas de acceso a la atención médica, especialmente para comunidades de bajos ingresos. Por otro lado, quienes apoyan la medida la ven como un avance para reducir el uso de fondos públicos en organizaciones vinculadas a servicios de aborto.

El impacto podría extenderse a nivel nacional: aproximadamente 17 estados podrían restringir el acceso de Planned Parenthood a fondos de Medicaid, afectando servicios esenciales para poblaciones vulnerables. En Carolina del Sur, la organización recibía cerca de $90,000 anuales de Medicaid, una fracción mínima del presupuesto estatal, pero fundamental para quienes dependen de estos servicios.

Paralelamente, un proyecto de ley federal aprobado por el Senado propone una prohibición de un año a los pagos de Medicaid a grandes organizaciones sin fines de lucro que ofrecen abortos, lo que amenaza a casi 200 clínicas de Planned Parenthood, el 90% de ellas ubicadas en estados donde el aborto sigue siendo legal. De convertirse en ley, algunas filiales podrían verse obligadas a elegir entre continuar ofreciendo abortos o mantener la financiación federal para otros servicios médicos.

Planned Parenthood, que atiende a más de 2 millones de pacientes al año en casi 600 clínicas, enfrenta además un congelamiento de fondos de Título X a partir de marzo de 2025, lo que afectaría servicios como anticoncepción y exámenes de cáncer para personas de bajos recursos. La organización destaca que una de cada tres mujeres y uno de cada diez hombres en EE.UU. han utilizado sus servicios, subrayando su papel central en la salud reproductiva del país.