Connecticut prohíbe a entidades estatales invertir en Bitcoin y otras criptomonedas

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, firmó este lunes una nueva ley que prohíbe de inmediato a todas las entidades estatales aceptar, custodiar o invertir en Bitcoin y otras criptomonedas. La medida, titulada “Ley sobre la Prohibición de que las Entidades Gubernamentales del Estado Mantengan o Inviertan en Criptomonedas”, fue aprobada de manera unánime y busca proteger el dinero de los contribuyentes frente a la volatilidad y la incertidumbre regulatoria de los activos digitales.

La legislación prohíbe de forma explícita la exposición del tesoro estatal a criptomonedas o valores basados en blockchain. Tampoco permite a organismos estatales o municipales aceptar pagos en criptomonedas por impuestos, tasas u otras obligaciones financieras. Las únicas excepciones permiten tenencias indirectas, como fondos fiduciarios de Grayscale, siempre que no superen el 1% de la cartera de inversiones.

La decisión ha generado reacciones mixtas. Defensores argumentan que es una precaución necesaria para salvaguardar los fondos públicos ante la falta de un marco regulatorio claro y los riesgos de fluctuaciones abruptas en el valor de las criptomonedas. Críticos, sin embargo, consideran que la medida limita la innovación y la capacidad del estado para adaptarse a nuevas tecnologías financieras.

El gobernador Lamont destacó que la prioridad es la estabilidad financiera y el cumplimiento regulatorio, en contraste con estados como Texas y Florida, que han avanzado en la adopción de activos digitales. La ley también incluye nuevas protecciones para los consumidores, obligando a las empresas de servicios de moneda virtual a advertir sobre riesgos y a implementar programas de cumplimiento más estrictos.

Mientras tanto, Connecticut ha avanzado en otras reformas legislativas, incluyendo una ley de reforma a los remolques para proteger a los conductores y una indemnización de 6 millones de dólares a la familia de un hombre encarcelado injustamente. La prohibición de las criptomonedas en las reservas estatales marca un precedente importante en el debate nacional sobre la regulación de activos digitales y el papel de los gobiernos en la adopción de nuevas tecnologías financieras.